Como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, compareció ante la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado. Durante su intervención, el funcionario aseguró que la entidad avanza hacia un modelo de "cero tolerancia", destacando que Puebla se posicionó este año dentro de los cinco estados con mejores resultados en la fiscalización del gasto federalizado a nivel nacional.
Espidio Reyes informó que, para garantizar que los recursos públicos se traduzcan en bienestar social, la dependencia a su cargo ejecutó 136 auditorías integrales a diversas dependencias, entidades y municipios. En materia de infraestructura, detalló un despliegue técnico sin precedentes que incluyó más de 3 mil 700 supervisiones de obra y la aplicación de 3 mil 500 pruebas de calidad, asegurando que cada proyecto ejecutado cumpla con las normas técnicas y de seguridad requeridas para el beneficio de las y los poblanos.
Tras la exposición, el bloque legislativo centró sus cuestionamientos en la aplicación de sanciones y la transparencia. Las diputadas Fedrha Suriano (MC) y Susana Riestra (PAN) solicitaron datos precisos sobre el número de funcionarios y contratistas inhabilitados o sancionados en 2025, así como el estatus de las denuncias penales derivadas de faltas graves en obra pública. Por su parte, la diputada Norma Estela Pimentel (PVEM) y el diputado Miguel Trujillo (Morena) se enfocaron en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la nueva configuración del Sistema Estatal tras la creación de autoridades garantes con sentido social.
Finalmente, el secretario resaltó que la transformación de la cultura institucional se basa en la prevención, por lo que se han fortalecido los mecanismos para la presentación oportuna de declaraciones patrimoniales y la atención de quejas ciudadanas. Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción busca no solo detectar irregularidades, sino consolidar una política fiscalizadora robusta que devuelva la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales mediante la rendición de cuentas clara y procesos de datos abiertos.
