Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, se presentaron diversas iniciativas y puntos de acuerdo orientados a fortalecer los derechos humanos, la infraestructura judicial y la preservación del medio ambiente. Entre las propuestas destaca la de la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, quien busca garantizar la independencia económica de las mujeres que acuden a las Casas Carmen Serdán mediante la implementación de cursos de educación financiera, subrayando que la autonomía económica es esencial para romper ciclos de violencia.
En materia de justicia y derechos, la diputada Elisa Limón Balderrábano solicitó al Poder Judicial y a los ayuntamientos modernizar la infraestructura y tecnología en los juzgados del interior del estado para asegurar la oralidad en materia civil y familiar. Asimismo, pidió al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas formalizar convenios de colaboración con los municipios para asegurar que las políticas públicas tengan un enfoque real de derechos para estas comunidades.
La jornada también incluyó propuestas enfocadas en el desarrollo rural y la tecnología. La diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez propuso acciones para la protección y desarrollo sustentable del maguey pulquero, mientras que el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri planteó la creación de un Protocolo de Ciudadanía Digital Ética para proteger a menores de edad en las escuelas frente al uso de la inteligencia artificial y redes sociales.
Por otro lado, la diputada Guadalupe Yamak Taja instó a supervisar que los rellenos sanitarios estatales cumplan con normativas de seguridad y propuso combatir el consumo de alimentos ultraprocesados en las escuelas. En temas de transparencia, la diputada Delfina Pozos Vergara solicitó vigilar las actividades de aspirantes políticos, y los legisladores Leonela Jazmín Martínez y Elías Lozada exhortaron a consolidar la Plataforma Digital Estatal del Sistema Anticorrupción. Finalmente, la diputada Susana Riestra Piña pidió fortalecer los protocolos de convivencia familiar supervisada para garantizar la protección y escucha de niñas, niños y adolescentes.
