La Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla aprobó un paquete de proyectos de acuerdo orientados a proteger los derechos laborales, optimizar la infraestructura vial ante la temporada de lluvias y garantizar la procuración de justicia para diversos sectores de la población.En el ámbito laboral, el Poder Legislativo avaló un exhorto dirigido a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo para reforzar la capacitación, asesoría y salvaguarda de los derechos de las personas inscritas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT). Asimismo, solicitó a la Oficina de Representación Federal de la STPS supervisar en centros de trabajo el cumplimiento de la norma conocida como “Ley Silla”, e incentivó a los ayuntamientos y concejos municipales a resolver controversias pendientes con sus trabajadores conforme a derecho.En respuesta a las afectaciones causadas por la temporada de lluvias 2026, la Comisión Permanente llamó a la Secretaría de Movilidad y Transporte, a la Secretaría de Infraestructura y a los municipios a supervisar y dar mantenimiento preventivo a los sistemas semafóricos. De igual forma, se solicitó la ejecución de obras de rehabilitación en la carretera estatal Tehuacán–Teotitlán, en el tramo de San Diego Chalma a la "Y" de Chilac, así como en caminos de la Sierra Negra.Entre los acuerdos aprobados en materia de movilidad y servicios públicos destacan el reforzamiento de la señalización vial en el carril confinado de RUTA en la intersección del Bulevar 5 de Mayo y Diagonal Defensores de la República, a la altura de la China Poblana; la vigilancia del cumplimiento de las tarifas máximas autorizadas para el servicio de grúas y depósitos vehiculares; y la solicitud a la CFE para dar mantenimiento prioritario a la red eléctrica del municipio de San Sebastián Tlacotepec.Finalmente, las y los legisladores respaldaron propuestas para exhortar a la Fiscalía General del Estado a incrementar la presencia de personal médico legista en los anfiteatros del SEMEFO en las distintas regiones operativas, con el fin de reducir los tiempos de espera para las familias. De igual manera, se requirió a la dependencia asegurar la disponibilidad permanente de personas intérpretes y traductoras de lenguas indígenas en las fiscalías regionales para garantizar un acceso efectivo a la justicia con enfoque intercultural.
