Por: Daniel Hernández
El feminicidio de María Fernanda N. puso en evidencia el desorden, la falta de recursos y la justicia selectiva en Puebla, luego de que la Fiscalía General del Estado tardó más de 12 horas en realizar las diligencias de levantamiento de cadáver.
La súplica de justicia de un padre irritó a la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, quien ante sus declaraciones a los medios de comunicación reaccionó como suele hacerlo: con ira.
Su justificación fue que solo cuenta con cuatro camionetas para realizar los levantamientos de cadáver y, muy a su estilo, torciendo la boca, pidió disculpas.
La Fiscalía no tiene camionetas ni personal para hacer levantamientos de cadáver; alguien debería dar una solución.
Ah, claro, pues es ella quien debe hacer las gestiones. En diciembre del año pasado, el gobernador le entregó vehículos. ¿No pudo pedir camionetas?
Tal vez alguien debería crear una estrategia para optimizar el uso de los vehículos y del personal.
Casualmente, esa también es su chamba.
Tal vez alguien debería contratar a más personal para evitar que un cuerpo permanezca 12 horas en el lugar del crimen, prolongando la incertidumbre de una familia.
Vaya, que alguien le explique a la fiscal que esa también es su chamba. Es titular de un organismo autónomo que administra sus propios recursos.
¿Cuántas reuniones sostuvo la fiscal con el Poder Legislativo de cara a la aprobación del presupuesto de 2027?
Lo que ya se ha hecho público sobre el presupuesto no contempla un incremento sustancial para la Fiscalía General del Estado.
En fin, cuando el caso afecta la imagen de la fiscal, sí hay personal, sí hay camionetas y sí hay boletines.
La familia se enteró de la captura del agresor por una apresurada declaración en los medios de comunicación; a esa familia nadie le llamó.
Si no se pudo evitar un feminicidio, por lo menos debieron otorgar un trato digno.
