Con el objetivo de crear un esquema legal de corresponsabilidad ante el deterioro de la infraestructura urbana, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma para que los ciudadanos puedan intervenir en la reparación de baches y desperfectos menores en la vía pública sin ser objeto de sanciones y con pleno derecho al reembolso de los recursos invertidos.
El proyecto legislativo propone adicionar el artículo 199 Ter a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, estableciendo un procedimiento administrativo que obliga a los Ayuntamientos a dar respuesta y atención a los reportes ciudadanos de mantenimiento vial en un plazo máximo de diez días hábiles. En caso de que la autoridad municipal omita atender la solicitud dentro de dicho término, la persona promovente podrá obtener una autorización formal para ejecutar la obra con recursos propios, sujetándose estrictamente a las especificaciones técnicas que determine el propio municipio.
En su exposición de motivos, la legisladora advirtió que el rezago en el mantenimiento de las calles no solo ocasiona daños patrimoniales a los automóviles, sino que eleva el riesgo de accidentes viales, obstruye el libre tránsito peatonal y afecta la dinámica económica y cotidiana de las familias poblanas. Asimismo, señaló la contradicción normativa que representa el hecho de que los gobiernos municipales incumplan con la conservación de las vialidades mientras imponen trabas administrativas o multas a los habitantes que deciden rehabilitarlas por iniciativa propia.
Para subsanar esta problemática, la reforma articula cuatro garantías fundamentales: la obligatoriedad de un plazo de diez días hábiles para la respuesta municipal, el derecho ciudadano a recibir autorización para reparar el desperfecto ante la omisión de la autoridad, el reembolso íntegro de los gastos previamente aprobados, comprobados y validados técnicamente, así como la prohibición expresa de aplicar sanciones administrativas a quienes participen bajo este esquema. Finalmente, la iniciativa dispone que los Ayuntamientos deberán etiquetar dentro de sus respectivos presupuestos de egresos las partidas financieras necesarias para garantizar la operatividad de este mecanismo.












