Luego de que se aprobó la elección en el Poder Judicial para Puebla en 2027, la entidad entrará en una nueva etapa en la relación entre gobernadores, jueces, magistrados y, ahora, en la ecuación entrarán los ciudadanos.
México siempre ha sido, en los hechos, un país profundamente presidencialista. Aunque nuestra Constitución establece tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, la realidad política ha mostrado durante décadas que el Ejecutivo suele llevar la batuta.
En los estados ocurre algo muy parecido. El gobernador, casi siempre, ha tenido una influencia determinante sobre el Congreso local y, por supuesto, sobre el Poder Judicial.
Durante muchos años, en Puebla existió una especie de ritual político: cada sexenio el gobernador “recomendaba” quién debía encabezar el Poder Judicial. No era un secreto; era parte del juego del poder.
Así ocurrió cuando Manuel Bartlett impulsó al doctor Fernando García Rosas, quien ya había sido diputado y procurador. Más tarde, Melquiades Morales propuso a su propio maestro, Guillermo Pacheco Pulido, figura política ampliamente conocida en la entidad. Después, Mario Marín impulsó a León Dumit, quien ya había acumulado una trayectoria relevante como magistrado, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Tribunal Electoral.
Era un sistema imperfecto, sí, pero todavía existía cierto equilibrio. Todo eso cambió con la llegada de Rafael Moreno Valle al poder.
Con él se instauró algo mucho más cercano a un sultanato político. El Congreso y el Tribunal Superior de Justicia dejaron de actuar como poderes autónomos y comenzaron a operar, en los hechos, como extensiones del Ejecutivo.
Primero fue colocado David López Muñoz al frente de la judicatura y, después, Roberto Flores Toledano, un personaje foráneo sin carrera judicial en Puebla ni conocimiento real de la vida interna del Poder Judicial. El control era absoluto.
La presión sobre jueces fue evidente. Hubo persecuciones, amenazas y hasta encarcelamientos, como el caso del abogado Alejandro Ramírez Cante. El mensaje era claro: quien se opusiera al poder político enfrentaría consecuencias.
En ese contexto de intimidación, muy pocos se atrevieron a plantar cara. Uno de ellos fue el juez Enrique Romero Razo.
Lejos de someterse, decidió resistir. Su caso llegó incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde finalmente se ordenó su restitución después de 76 meses de persecución política. No fue una lucha sencilla; hubo presiones, ataques y hasta agresiones en su propio domicilio. Pero Romero Razo se mantuvo firme.
Esa resistencia no fue solamente personal; representó una defensa del principio básico de cualquier democracia: la independencia judicial.
Años después, Romero Razo se sumó al proyecto de transformación nacional encabezado por Andrés Manuel López Obrador, desde donde continuó impulsando cambios estructurales dentro del sistema judicial. De hecho, fue el primer integrante del Poder Judicial en Puebla que expresó públicamente su respaldo a la reforma constitucional en materia judicial, a través de un desplegado publicado en la prensa nacional.
Hoy, esa reforma abre una puerta histórica. Por primera vez en la historia de Puebla, jueces y magistrados podrán ser elegidos por voto directo de la ciudadanía. Esto significa romper con décadas de control político, con grupos que durante años administraron la justicia como si fuera patrimonio propio.
El reto, sin embargo, apenas comienza. Porque ahora la responsabilidad será de los ciudadanos: elegir perfiles con experiencia, honestidad, capacidad y, sobre todo, con sensibilidad social. Personas que entiendan que la justicia debe servir primero a quien menos tiene y menos sabe.
La elección judicial del próximo año puede marcar un antes y un después para los más de seis millones de poblanos que vivimos en esta entidad. Por primera vez, la justicia dejará de decidirse en las oficinas del poder y comenzará a decidirse en las urnas.
