La muerte del coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción, Rubén Alberto Curiel Tejeda, dejó en claro que la Fiscalía General del Estado se convirtió en un lastre para el gobierno del estado; la titular, Idamis Pastor Betancourt, no tiene la menor credibilidad y la factura la paga la administración del gobernador Alejandro Armenta.
Las sospechas de que la víctima había sido asesinada y que no se trató de una muerte autoinfligida aparecieron en los primeros minutos después del descubrimiento del cuerpo sin vida y señalaban directamente al edificio de la 31 Oriente.
Mientras el personal de la Fiscalía General del Estado aún se encontraba haciendo las diligencias del cadáver, la titular ordenó que se emitiera un comunicado en el que difundió información de la escena del crimen que apenas se estaba procesando y que deslindaba a la víctima de la dependencia.
¿Qué provocó este desatino?
Más sospechas.
El tema escaló a nivel nacional.
Las sospechas crecieron —algunas incluso tenían tufo de teorías de la conspiración y pocos elementos—, pero la imagen de Pastor Betancourt seguía siendo vapuleada y repercutió en la percepción hacia el gobernador que la ha mantenido en el cargo.
Ante la crisis, en la que ella era la directamente afectada, optó por abrir la carpeta de investigación a los medios de comunicación; hágase cuenta, cuántos periodistas abordaron el tema diciendo que tuvieron acceso al documento oficial, incluso aquellos que pocas veces atienden temas de seguridad.
Abrió a los medios la carpeta de investigación que aún está en etapa de integración, por lo que no pudo responder a temas clave en la trama como el origen del arma o las declaraciones de los agentes de la policía auxiliar que no escucharon una detonación de arma de fuego.
Las llamadas del teléfono celular de Curiel Tejeda solo hablan de su esposa y la supuesta relación extramarital. ¿Es la única información relevante que había?
Por cierto, la carpeta de investigación FGE/FIM/POPULAR/-1/014102/2026 y los indicios se encuentran en el escritorio de la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, quien pidió a su brazo armado, María Angélica Gómez Tello, le hiciera una revisión.
Trató de convencer a todo mundo de que ella no tuvo nada que ver —como las teorías conspiranoicas lo presumían—.
Que las investigaciones que inició Curiel Tejeda en contra del personal que llegó del Estado de México a quienes Pastor Betancourt benefició con salarios y puestos privilegiados —a casi un año de su salida sin que se ejerciera acción penal en su contra— tampoco estaban relacionadas con la muerte.
Las maromas sirvieron de poco, los comentarios en las redes sociales siguen en el mismo sentido: el gobierno lo silenció porque sabía demasiado.
La factura de las malas decisiones de Pastor Betancourt las está pagando el gobierno del estado.
Algo hay que reconocer a Idamis Pastor Betancourt: se amarró a la silla con camisa de fuerza, se presumía su salida en enero, luego en abril y sigue resistiendo, aunque su credibilidad esté en números negativos.
Daniel Hernández
