En un acto que ha desatado una ola de indignación masiva y enérgicas condenas por parte de la sociedad civil, el Gobierno del Estado de Puebla exhibió una total falta de sensibilidad y un trato hostil hacia las víctimas indirectas de la violencia, al desplegar un riguroso cerco de la Policía Estatal con el único fin de bloquear e impedir el paso a un colectivo de madres buscadoras en los accesos del estadio Cuauhtémoc, minutos antes del encuentro internacional entre España y Perú.
Las manifestantes pretendían pacíficamente visibilizar la alarmante crisis de personas desaparecidas que azota a la entidad y exigir justicia en un espacio de alta afluencia y exposición mediática. Sin embargo, la respuesta del Gobierno del Estado de Puebla no fue la escucha ni la apertura, sino el uso de una barrera de uniformados que acorraló a las mujeres, restringiéndoles de manera autoritaria su derecho al libre tránsito y a la libre manifestación en la vía pública.
Este proceder de la administración estatal deja en evidencia una postura profundamente represiva y frívola, donde se prioriza a toda costa la simulación y el cuidado estético de un evento deportivo por encima del dolor y los derechos humanos de las familias. Al utilizar a la fuerza pública para arrinconar y silenciar a las madres que buscan a sus hijos, el Gobierno del Estado de Puebla incurre en una grave revictimización e intimidación institucional, enviando un mensaje de cerrazón absoluta ante las demandas más urgentes de justicia.
Mientras miles de espectadores ingresaban al recinto sin contratiempos, el colectivo de madres buscadoras quedó marginado bajo un operativo desproporcionado. Esta actuación de las autoridades locales no solo enciende las alarmas sobre el constante retroceso en el respeto a las garantías individuales en Puebla, sino que deja al descubierto la alarmante desconexión, frialdad e indiferencia gubernamental ante una tragedia humanitaria que se intenta ocultar detrás de los reflectores del entretenimiento.
