Daniel Hernández
El Sistema Penal Acusatorio más que se puso en marcha en Puebla en 2011 más que pasar a una etapa de consolidación repite las viejas prácticas del sistema inquisitorio en las que la justicia tiene un precio.
Uno de los negocios más infames dentro del Poder Judicial es el cambio de medidas cautelares, a cambio de sobornos que van de los 20 a los 40 mil.pesos un detenido puede enfrentar el proceso en libertad.
Los litigantes solicitan la audiencia para pedir el cambio de medida cautelar y pasa tiempo sin que se les asigne una fecha.
Cuando los abogados se acercan a preguntar por su audiencia el personal de los juzgados les plantea la situación.
Si los defensores entregan el dinero por arte de magia les fijan fecha de audiencia y lo mejor de todo es que viene casi garantizado el beneficio de obtener la libertad condicional del cliente.
En caso contrario, quien no quiere o no puede pagar, la fecha de audiencia puede tardar hasta seis meses con la alta probabilidad de que les sea rechazada.
Tienen que recurrir al amparo ante el Poder Judicial Federal, que está en paro desde agosto, lo que puede tomar otros meses.
Los litigantes no presentan las denuncias correspondientes debido a que eso los marcaría ante los jueces en perjuicio de sus clientes y su desempeño laboral.
Si el Consejo de la Judicatura hiciera una investigación, podría desmantelar una red de corrupción en la que participan hasta familiares, amigos, amantes de jueces y magistrados.
Sin duda, en la administración del gobernador electo, Alejandro Armenta, tendrán la gran oportunidad para incidir y tener un Poder Judicial que no esté en manos de grupo de políticos.
