El diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para tipificar como delito la introducción y uso no autorizado de dispositivos electrónicos en centros penitenciarios del estado, con el objetivo de frenar actividades ilícitas como extorsiones y fraudes que se operan desde estos espacios.
La propuesta plantea sanciones de tres a seis años de prisión y multas de hasta 500 UMA para quienes ingresen teléfonos celulares u otros equipos sin autorización. En caso de que participen funcionarios penitenciarios, las penas aumentarían de cuatro a ocho años de cárcel, además de multas de hasta mil UMA, destitución e inhabilitación por cinco años.
Asimismo, se contemplan agravantes cuando estos dispositivos sean utilizados para cometer delitos, lo que podría elevar las penas hasta 10 años de prisión, especialmente si existe colusión de autoridades penitenciarias.
En paralelo, el legislador también impulsa una reforma para sancionar a instituciones educativas que operen sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), mediante la adición del artículo 407 Ter al Código Penal del Estado.
Esta iniciativa busca evitar fraudes académicos y proteger a estudiantes de ofertas educativas irregulares que no cumplen con los estándares legales.
El diputado señaló que ambas propuestas responden a problemáticas actuales que afectan directamente a la población, por lo que buscan fortalecer la seguridad, el Estado de derecho y la protección de las y los ciudadanos en Puebla.
