La diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, a nombre de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, anunció que se llevará a cabo una revisión minuciosa para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa Agua de Puebla, tras señalar que los resultados actuales son insuficientes y no corresponden a las expectativas bajo las cuales se otorgó la concesión en el año 2014. La legisladora puntualizó que, tras más de una década de operación, la firma privada únicamente ha cumplido con nueve de los 31 indicadores de desempeño previstos, lo que hace urgente transparentar y evaluar con rigor el título de concesión vigente.
Vargas Vargas precisó que, aunque el proceso jurídico para revocar la concesión es sumamente complejo por la forma en que fue estructurado el contrato original, el Congreso del Estado mantendrá un análisis firme para exigir el respeto a las condiciones establecidas. Asimismo, rechazó los argumentos de la concesionaria para deslindarse de tareas esenciales como el drenaje pluvial, recordando que el título de concesión estipula claramente la prestación de servicios integrales de agua potable, alcantarillado, drenaje, saneamiento y su gestión. Añadió que este esfuerzo de evaluación debe descentralizarse de la zona metropolitana y aplicarse también a los organismos operadores de todos los municipios de la entidad para atender la crisis hídrica regional.
En otro orden de ideas, la diputada dio a conocer que presentará un punto de acuerdo en conjunto con la legisladora Beatriz Manrique Guevara para exhortar a diversas instancias a redoblar esfuerzos contra la violencia intrafamiliar. La propuesta legislativa solicitará la intervención coordinada de las secretarías de Educación, Salud y de las Mujeres, así como del Sistema Estatal DIF, los 212 ayuntamientos y los cinco concejos municipales de la entidad para robustecer las estrategias de prevención, detección y atención de este problema.
Esta iniciativa surge debido a que la entidad se localiza entre los diez estados del país con mayor incidencia en carpetas de investigación por este delito. Ante este panorama, el exhorto plantea la urgente necesidad de implementar programas de prevención temprana, protocolos de reacción y mecanismos de alerta en planteles escolares, centros de salud y oficinas gubernamentales de atención social, siempre bajo un enfoque coordinado y con una sólida perspectiva de género para salvaguardar la integridad de las familias.
