Con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción y garantizar la integridad de las instituciones, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a incrementar las penas por el delito de extorsión cuando este sea cometido por servidores públicos. La propuesta busca reformar el marco normativo federal para asegurar que quienes abusen de su cargo para obtener beneficios ilícitos enfrenten consecuencias legales más severas.
La iniciativa plantea modificaciones a la Ley General en materia de Extorsión para elevar la pena privativa de libertad y establecer sanciones económicas proporcionales al beneficio obtenido por el infractor. Actualmente, la legislación ya contempla agravantes que oscilan entre los siete y 17 años de prisión, además de la destitución e inhabilitación del cargo; sin embargo, la legisladora señaló que resulta indispensable robustecer estas medidas para lograr un verdadero efecto disuasivo y proteger a la ciudadanía de prácticas abusivas en el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con el documento presentado, esta propuesta es congruente con los principios de proporcionalidad penal y los estándares internacionales en materia de combate a la corrupción. Al endurecer los castigos, se pretende no solo sancionar el acto delictivo, sino también resarcir el daño causado a la confianza institucional. El exhorto fue enviado a las instancias correspondientes en el Poder Legislativo Federal para su análisis y posible aprobación en beneficio del Estado de Derecho.
