El Congreso del Estado de Puebla aprobó el dictamen del denominado “Plan B”, una serie de reformas constitucionales en materia electoral que modifican la integración y funcionamiento de ayuntamientos y congresos locales, así como establecen límites a las remuneraciones de funcionarios electorales.
Durante sesión extraordinaria, el Pleno de la LXII Legislatura avaló cambios a los artículos 115 y 116, además de una adición al artículo 134 de la Constitución, con lo que se redefine la estructura de los gobiernos municipales, que estarán conformados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo principios de paridad de género e igualdad sustantiva.
Asimismo, se establece que el presupuesto anual de los congresos locales no podrá exceder el 0.70 por ciento del total estatal, y se fijan restricciones a las percepciones de consejeros y magistrados electorales, quienes no podrán recibir prestaciones adicionales fuera de lo establecido por la ley.
El dictamen generó posturas divididas entre las y los legisladores. Mientras algunas diputadas defendieron la reforma al considerar que promueve la austeridad y fortalece principios democráticos, otras advirtieron que podría debilitar los contrapesos institucionales y afectar el funcionamiento del sistema electoral.
Análisis
Si bien las reformas buscan reducir costos y promover la paridad, especialistas han señalado que limitar presupuestos y prestaciones en órganos electorales podría impactar su capacidad operativa y autonomía. Esto abre el debate sobre si la austeridad fortalece la confianza ciudadana o, por el contrario, compromete la calidad de los procesos democráticos a nivel local.
Con esta aprobación, Puebla se suma a la implementación de estos cambios, en medio de un contexto nacional donde la discusión sobre el equilibrio entre ahorro y fortalecimiento institucional continúa vigente.
