Daniel Hernández
Con la aprobación de la reforma del Poder Judicial Federal, se acordó que los trabajadores no se verían afectados en sus salarios ni en sus derechos. Sin embargo, esto solo benefició a una parte, mientras que otra—una de las más sensibles y que realmente ayuda a la gente—está siendo perjudicada en sus ingresos: el Instituto Federal de Defensoría Pública, cuyos integrantes son más conocidos como defensores de oficio.
Los abogados de oficio promueven amparos y defienden a personas detenidas, muchas veces por acusaciones injustas, que no tienen recursos para pagar abogados particulares; en muchas ocasiones mejor preparados. Por reglamento, no pueden litigar por su cuenta, por lo que sus ingresos dependen mayoritariamente de su salario.
Aunque su labor es fundamental en el proceso penal y sus resultados benefician directamente a la población, el Consejo de la Judicatura Federal decidió recortarles el salario, en contra de lo que establece la Constitución.
La medida resultó incómoda y causó indignación entre los litigantes que no participaron en el paro de varios meses en el Poder Judicial Federal, pues les redujeron el sueldo, el cual, además, no ha recibido un aumento en casi diez años.
Lo que llama la atención, es que el recorte salarial no aplicó para el personal de los órganos jurisdiccionales, es decir, para quienes trabajan directamente con jueces y magistrados.
El espíritu de la reforma era eliminar los privilegios, pero tal parece que esto no ha ocurrido.
En varios estados del país han iniciado protestas por estos recortes, y los defensores poblanos se sumarán la próxima semana.
Los defensores públicos del país, esperan que el consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, lleve su queja a la sesión programada para el próximo 12 de febrero.
Y es que Bátiz Vázquez fue uno de los consejeros que aseguró públicamente que los derechos laborales estaban protegidos, por lo que confían en que haga lo necesario para revertir el recorte salarial.
Por cierto...
Llama poderosamente la atención el trato privilegiado que ha recibido el director operativo de la Policía Auxiliar, Alejandro Ramírez Ulloa, para mantenerse en el cargo.
Existen acusaciones en su contra por cobros ilegales en el proceso de reclutamiento, los cuales maneja desde su teléfono y redes sociales personales. También se le señala de ofrecer servicios ilegales y realizar cobros por beneficios dentro de la corporación. Además, fue uno de los mandos amenazados por un grupo de la delincuencia organizada, que ya ha cumplido varias de sus advertencias.
A pesar de todo, y en contra del mismo personal, sigue en la corporación.
La mala reputación que le antecede es ampliamente conocida en las corporaciones policíacas por las que ha pasado.
¡La Hermandad goza de cabal salud!
