Daniel Hernández
¿Quién tenía interés en que la percepción pública del homicidio registrado en San Antonio Abad fuera calificada como un ajuste de cuentas entre criminales?
El lunes pasado, un hombre de oficio mecánico fue asesinado en su taller en San Antonio Abad por sicarios que escaparon en una motocicleta.
Desde los primeros momentos del crimen, en el lugar de los hechos, los familiares aclararon que la víctima no era un delincuente ni tenían conocimiento de que tuviera problemas personales, por lo que exigieron que en los medios de comunicación el tema no se tratara como un “ajuste de cuentas”, versión respaldada por los vecinos de la zona.
Horas después del crimen, a medios de comunicación se filtró información en la que se afirmó que el occiso, además de trabajar como mecánico, se hacía pasar por integrante del CJNG para cobrar extorsiones a comerciantes.
Esta versión enviada a los medios de comunicación no estaba sustentada en actos de investigación, y ayer Guadalupe Campos Rivera, coordinadora especializada en la investigación de homicidios dolosos de la Fiscalía General del Estado, fue muy clara al señalar que en el trabajo realizado no hay información que apunte en ese sentido. La funcionaria explicó:
“La Fiscalía, después de realizar varias entrevistas y múltiples actos de investigación, no cuenta con esa línea de investigación.”
Incluso detalló algunos avances, como la localización de la motocicleta utilizada por los sicarios tras la revisión de múltiples videos de cámaras de seguridad, la cual había sido robada el 30 de agosto pasado.
Si la información difundida no está sustentada en la investigación de los hechos, entonces pareciera una estrategia mediática para reducir el impacto de un asesinato ante los ojos de la población.
Probablemente, quien salió reprobado en la encuesta ENSU del INEGI —que mide la percepción de inseguridad entre la población— esté interesado en manipular los hechos para que la realidad no le siga jugando en contra.
Por cierto
El 16 de octubre pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ingresó al penal de San Miguel después de la muerte de dos hombres golpeados, a quienes la Secretaría de Seguridad Pública informó como infartados.
Las fuentes consultadas señalan que ese día las celdas hacinadas fueron vaciadas y los internos enviados a las canchas de fútbol.
A esos espacios fueron trasladados internos allegados al nuevo dueño del penal y a su poderoso cuñado, quienes llevaban la misión de señalar que todo estaba de maravilla.
Por lo tanto, es previsible que las golpizas, extorsiones y otros ilícitos que se cometen no hayan sido documentados.
No es algo raro: durante años la Comisión de Derechos Humanos del Estado no se dio cuenta de que se construía un “pueblito”, que se amplió y que era uno de los negocios más redituables hasta su destrucción.
Muchos beneficios y demasiados beneficiados como para que algo cambie en el penal de San Miguel.
