En un golpe estratégico contra el mercado ilícito de hidrocarburos, fuerzas federales y estatales desarticularon una estación de gas que operaba de manera clandestina en la comunidad de Xochitecatitla, perteneciente al municipio de Nativitas, Tlaxcala. El operativo, derivado de una orden de cateo y una estrecha vigilancia al gasoducto Cactus–Tula–Guadalajara, reveló un esquema de operación interestatal: el combustible presuntamente era "ordeñado" en territorio poblano para ser trasladado y comercializado ilegalmente en la entidad vecina, evadiendo controles de seguridad y normativas vigentes.
La intervención, en la que participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, resultó en el aseguramiento de un inmueble que funcionaba como centro de distribución sin permisos legales. Dentro del predio, las autoridades hallaron un arsenal logístico compuesto por 20 pipas destinadas al reparto de gas LP de procedencia ilícita, además de un arma de fuego. El hallazgo de estos elementos confirma la peligrosidad de la célula delictiva, que no solo afectaba la economía formal, sino que ponía en riesgo a la población local por el manejo rudimentario y peligroso del combustible.
Uno de los puntos más polémicos de la diligencia fue el hallazgo de propaganda política dentro de las instalaciones. Según fuentes cercanas a la investigación, existen indicios de que el inmueble podría pertenecer a un político local que ha desempeñado cargos públicos en Nativitas. Aunque esta información aún se encuentra en proceso de validación oficial por parte de la FGR, el vínculo partidista ha abierto una línea de investigación específica para determinar si la estructura criminal contaba con protección o financiamiento relacionado con actividades políticas en la región.
Pese al despliegue de las fuerzas de seguridad, no se reportaron personas detenidas durante la incursión. El sitio permanece bajo resguardo federal mientras se integran las pruebas a la carpeta de investigación por delitos relacionados con el robo y posesión de hidrocarburos. Este aseguramiento representa uno de los decomisos de equipo de transporte más significativos en los últimos meses dentro del combate al "huachigas" en la zona centro del país, subrayando la persistente problemática del robo de gas en los límites entre Puebla y Tlaxcala.
