Daniel Hernández
Para los jueces del Poder Judicial es muy fácil imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Ellos no enfrentan las amenazas, tampoco les importa si se tiene el suficiente personal. Mucho menos piensan en las víctimas. ¿Qué les queda si matan al imputado?
La semana pasada, dos elementos de la Policía Estatal fueron sometidos y dejados amarrados en un domicilio de San Cristóbal Tepatlaxco, en San Martín Texmelucan, donde cuidaban a un hombre que enfrentaba cargos por homicidio y otros delitos.
Resulta increíble que los jueces no tomaran en cuenta la cantidad de riesgos que el caso representaba, y permitieran que el imputado enfrentara su proceso en su domicilio.
El hombre fugado se llama Miguel Ángel, conocido como "El Miki" o "El Tortuga". ¿Tiene arraigo en Texmelucan?
Claro que lo tiene. Imagínese: en 2012 ya era identificado como líder delincuencial, dedicado al robo en diferentes modalidades. Operaba lo mismo en Texmelucan que en Izúcar de Matamoros o en Tehuacán.
Días después, su padre —conocido con el alias de "El Tigre"— también fue capturado, vinculado al robo a cuentahabiente.
"El Miki" se formó a la par de delincuentes de alto perfil como "El Loco Téllez" o Armando "El Japonés".
Por si fuera poco, "El Miki", así como integrantes de su grupo delictivo e incluso algunos familiares, fueron amenazados en "narcomantas".
Incluso hay versiones de que algunos fueron privados de la libertad o de la vida.
Posiblemente, "El Miki" escapó para no ser asesinado dentro del domicilio donde se encontraba, custodiado por dos policías estatales que seguramente también habrían sido sometidos o incluso acribillados por un grupo delictivo.
No es el primer caso. Ya en varias ocasiones, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado —en administraciones pasadas— se han quejado de las decisiones de los jueces.
Todo esto, mientras los jueces siguen azotando el mazo desde su sala de audiencias.
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La picaresca corrupción en el Ayuntamiento
El negocio del cobro por sillas para ver el Desfile del 5 de Mayo parecía parte de la picaresca corrupción y forma de ganarse la vida de algunas personas, con una "ayudadita" de las autoridades.
Ayer, la Secretaría General del Gobierno Municipal, a cargo de Franco Rodríguez, emitió un comunicado que no encuentro cómo calificar.
Según esta autoridad, no se dieron cuenta de la colocación de sillas, apartados, logística, cobros ni de los excesos cometidos.
Hicieron recorridos de verificación después de los reportes. No antes. No cuando las camionetas repletas de sillas se estacionaron en la zona del CENCH, Analco, el centro y estacionamientos privados. No cuando las colocaron, ni cuando delimitaron áreas.
Creer que los ciudadanos somos tontos me parece una falta de respeto.
Si hubiera una oposición seria, ya habrían iniciado una investigación para saber a quién le corresponde regular los espectáculos en la vía pública. Y es que no es para menos: los dueños de las sillas alardeaban que tenían arreglo con el gobierno.
No es cosa menor. Haga cuentas: si cada silla se rentó entre 60 y hasta 250 pesos, a lo largo de la Calzada Zaragoza y el Bulevar 5 de Mayo...
Alguien logró engordar al cochinito.
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Por cierto:
Cada vez más lectores llegan a esta columna, pese a algunos intentos de quienes quieren tapar el sol con una llamada.
