Daniel Hernández
En Puebla, la extorsión es un delito que se extiende. El 13 de junio pasado comenté en este espacio la amenaza que este delito representa para el comercio establecido.
La semana pasada, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció un programa federal contra la extorsión que se centra en ocho estados, entre los cuales no está incluido Puebla.
Días después, en el estado se replicó el programa “como una medida preventiva”, como si la extorsión no fuera ya un problema.
En este marco, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, señaló que una de las modalidades detectadas es el cobro de cuotas a comerciantes ambulantes por permitirles trabajar.
Eso que al secretario de Gobernación Municipal, Franco Rodríguez, le parece muy normal: que haya quien cobre cuotas por permitir trabajar en la vía pública, incluso hasta a los limpiaparabrisas.
Solo el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares, no ha visto a los sujetos que, con radios de frecuencia, se coordinan frente al Mercado Hidalgo para extorsionar a conductores del transporte público o en el centro de la ciudad.
Además del control que tienen organizaciones en el centro de la ciudad, que amenazan a comerciantes establecidos, se ha detectado incluso la participación de trabajadores del Ayuntamiento.
En poder de este reportero está un video en el que se ve a dos sujetos golpeando a trabajadores de un negocio del centro.
Los informes que se hicieron llegar a este reportero señalan que uno de los agresores trabaja en Normatividad Comercial del Ayuntamiento y es conocido con el alias de “El Chupetre”.
Aunque trabaja del lado de las autoridades, sus antecedentes y las personas vinculadas a él parecen estar más cerca del bando contrario.
La campaña contra la extorsión a nivel local ha tenido muy poca penetración entre los ciudadanos, y los cambios legislativos que se han planteado a nivel federal no parecen estar siendo considerados en la legislatura local para poder perseguir la extorsión sin necesidad de una denuncia.
Las 108 denuncias por extorsión que registra, de enero a mayo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no representan lo que realmente ocurre en Puebla.
Pese a la efectividad de Omar García Harfuch al frente de la seguridad a nivel nacional, las cosas no van a mejorar si en los estados se sientan a esperar a que llegue la federación a resolver los problemas.
Lo mismo ocurre con las investigaciones contra el robo de hidrocarburo: pese a que Puebla es una de las entidades que lidera este ilícito, no vemos una investigación relevante sobre el tema. No pasan de asegurar pipas, mientras los capos del huachicol siguen generando riqueza.
No todo lo puede hacer Harfuch.
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Por cierto:
Si puede, vea la entrevista que el periodista Óscar Balderas le hizo al secretario de Seguridad Pública de Atizapán, Fabián Gómez Calcáneo, un elemento de la Secretaría de Marina comisionado a esa entidad, quien repitió en el cargo.
Una muestra de cómo los marinos, en la vida civil, se dan a respetar.
Un territorio que la delincuencia prefiere evitar, a diferencia de Puebla, donde “los grupos locales” —como les gusta decirles— colocan granadas, “levantan” y retienen por semanas a rivales, y arrojan cuerpos mutilados, a pesar de que la zona metropolitana está repleta de marinos.
