La aplicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en el estado enfrenta su primer freno operativo. Tras sostener un encuentro con integrantes del Movimiento Motociclista del Estado de Puebla, el Congreso local y autoridades estatales acordaron suspender la entrega de los dispositivos adheribles para cascos y postergar el análisis de la norma hasta una mesa de trabajo fijada para el próximo 21 de septiembre.
La decisión de congelar el reparto de los stickers dejó al descubierto la falta de planeación y el apresuramiento con el que se pretendía implementar la medida. Los propios motociclistas expusieron una serie de obstáculos técnicos y administrativos que hacían inviable el proceso en los términos planteados originalmente, lo que obligó a las autoridades a recular y detener la distribución hasta que se alcance un consenso jurídico y operativo.
A pesar de que el anuncio oficial buscó resaltar la disposición al diálogo y la apertura institucional con la presencia de una amplia comitiva de funcionarios estatales y legislativos, la suspensión evidencia un esquema de actuación reactivo. La falta de consultas previas con los sectores involucrados terminó por derivar en una normativa defectuosa que hoy debe ser pausada y revisada sobre la marcha.
Asimismo, la brecha de más de un mes y medio para celebrar la primera mesa de diálogo mantiene en el aire la certeza jurídica de los usuarios de motocicletas y la efectividad de las políticas de movilidad. Lo que las autoridades presentan como un acuerdo democrático expone, en los hechos, la necesidad de corregir un diseño legislativo y administrativo que arrancó sin los estudios ni las condiciones necesarias para su ejecución.
