Frente a inundaciones y deslizamientos cada vez más frecuentes, la diputada Soledad Amieva Zamora propuso modificar la Ley de Protección Civil del Estado para obligar a los municipios a prevenir, no solo a reaccionar.
La iniciativa, presentada este 17 de agosto, busca que la coordinación entre el Estado y los ayuntamientos deje de ser discrecional. Plantea que la información sobre lluvias, niveles de ríos y riesgo hidrometeorológico se comparta en tiempo real y que los puntos críticos — ríos, barrancas, cauces y vasos reguladores — tengan monitoreo permanente.
Uno de los cambios clave es establecer por ley la limpieza y desazolve preventivo de drenajes, alcantarillas y red pluvial municipal. Además, que los refugios temporales no se improvisen durante la emergencia, sino que se revisen con anticipación: condiciones estructurales, accesos, aforo y equipamiento básico.
El proyecto también abre la puerta a la evacuación preventiva cuando el riesgo de desbordamiento o deslave sea inminente, sin atar la acción a una declaratoria formal si eso retrasa la salida de la población.
Con enfoque diferencial, Amieva propone que todo el protocolo considere a quienes tienen mayor dificultad para moverse o acceder a información: personas con discapacidad, adultos mayores, infancias, mujeres embarazadas, y que los mensajes preventivos se difundan en lenguaje sencillo, formatos accesibles y lenguas originarias donde sea necesario.
La legisladora argumentó que la lluvia no se puede controlar, pero sí se pueden reducir los daños si hay mantenimiento, información oportuna y refugios listos.
