La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de reforma para tipificar de manera formal la simulación de delitos en la entidad, buscando sancionar penalmente a quienes de forma dolosa y por cualquier canal se atribuyan falsamente la comisión de un hecho ilícito o la pertenencia a bandas del crimen organizado, provocando la movilización innecesaria de las instituciones de seguridad, procuración de justicia o protección civil.
A través de la propuesta, la cual contempla la adición del artículo 186 nonies al Código Penal del Estado, la legisladora plantea imponer una sanción de dos a seis años de prisión y una multa económica equivalente de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien incurra en esta conducta. Asimismo, el responsable estará obligado a cubrir la reparación del daño que corresponda a los costos extraordinarios generados por el despliegue de los cuerpos de emergencia y policiales.
El proyecto de ley estipula que las penas previstas se incrementarán hasta en una mitad en caso de que la conducta del infractor provoque alarma o pánico colectivo, o bien cuando para la difusión de la información falsa se utilicen redes sociales, plataformas digitales, medios de comunicación o sistemas de difusión masiva.
Esta misma agravante se aplicará si la falsa alerta genera la suspensión de actividades escolares, comerciales, gubernamentales o de cualquier tipo de servicio público, así como en aquellos escenarios donde las movilizaciones, operativos o evacuaciones originadas por la mentira deriven de forma colateral en lesiones corporales o daños materiales.
Al respecto, la legisladora Delfina Pozos enfatizó que este tipo de conductas no deben ser catalogadas como simples bromas o expresiones irresponsables, argumentando que se trata de actos que afectan directamente la capacidad operativa de las dependencias encargadas de salvaguardar a la ciudadanía y provocan un grave desvío de recursos públicos que debieron destinarse a la atención de emergencias reales.
