Daniel Hernández
Con Fernando Rosales Solís al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se vislumbra una historia que se repite una y otra vez en administraciones estatales y municipales que termina con los mismos resultados: abusos, torturas, detenciones ilegales, colusión con grupos delictivos y no reduce a incidencia delictiva.
Mandos como Adolfo Karam Beltrán, Ardelio Vargas Fosado, Raciel López Salazar, han aplicado en Puebla la misma receta: uso de la tecnología (cómo olvidar el ridículo de Vargas Fosado con el detector molecular GT200), un grupo especial de uniformados de élite, información de inteligencia (muchas veces no es otra cosa que testimonios de delincuentes que trabajan para la policía, que en el argot son conocidos como “madrinas”).
Los grupos especiales se han llamado de diferentes maneras: Karam les llamaba Zorros en la Policía Municipal, Sagitarios en la Policía Judicial y Policía Metropolitana en la Policía Estatal; Ardelio Vargas Operaciones Especiales; Raciel no les puso nombre, pero cada uno de sus subsecretarios tenían a su mando que cumplía con detenciones de objetivos prioritarios.
Ahora la tendencia son las siglas, como en la fiscalía, y en Puebla Capital, este grupo se llama Unidad de Atención a Delitos de Alta Incidencia.
Llenan a los medios de comunicación de boletines de prensa con capturas espectaculares, que al llegar a los jueces, terminan por liberar los detenidos por las irregularidades cometidas.
En menos de 15 días en el cargo, ya hay dos detenciones que llaman la atención de los muchachos del ex notario morenovallista, Fernando Rosales Solís.
La semana pasada difundieron información sobre la detención de un peligroso delincuente que cometió el primer asesinato en la administración de José Chedraui; “Este es el primer homicidio ocurrido bajo la presente administración y ha sido resuelto con gracias (sic) a la rápida intervención de la y uso de la tecnología por parte de la Policía de la Ciudad”.
Este mensaje fue emitido el 24 de octubre a las 8:54 PM en las redes sociales de la dependencia, y el crimen se cometió la madrugada del 15 de octubre, nueve días antes, lo que implica que no hubo flagrancia.
Según la información oficial, el detenido Reynaldo N. tiene un largo historial delictivo vinculado a delitos como robo de vehículos extorsión, homicidio y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego; además de que en redes sociales se decía integrante de la Guardia Nacional y la Policía Militar.
Y difundieron el video del crimen, una prueba que una autoridad, no un medio de comunicación, dio a conocer antes de que se levara a cabo un juicio, y que un abogado podría argumentar la ilegalidad en la cadena de custodia o cualquier otra cosa.
La duda es: ¿Ante el ministerio público llegó bajo el cargo de homicidio a pesar de que no había flagrancia?, O aplicaron la vieja confiable, ponerlo a disposición por otro ilícito y entregar información a la Fiscalía General del estado, y esperar otra audiencia para imputarle otro delito, lo que se conoce como “chaleco”.
Otro caso es el de un joven identificado como Joshua N., quien a decir sus familiares, un grupo de policías municipales encabezados por el mando Fernando Castillo ,“El Hongo”, ingresaron a la casa, golpearon a su abuela, tías, y madre, y se llevaron a Rancho Colorado en donde lo golpearon e incomunicaron.
En el mensaje difundido por la dependencia señala que los policías actuaron “tras la denuncia de un padre”, lo que omitieron es que ese padre es un hombre al que le apodan “El Manchado”, vinculado al robo, y quien tenía una orden de restricción por la golpiza que le dio a la madre de la menor que dijo defendía, y la que todavía tiene marcas porque en varias ocasiones la golpeó.
Además, en la publicación en el texto señalan que el detenido sería puesto a disposición del ministerio público cargos por abuso sexual y en la fotografía por ataques al pudor.
Este tipo de practicas se convierten en el terror de los ministerios públicos que tienen que hacer maromas para poder defender este tipo de detenciones ante los jueces de control.
La liberación de detenidos tiene un costo político para la Fiscalía y Poder Judicial lo que implica un rompimiento que afecta a los ciudadanos.
